Hoy día nos movemos en un mundo digitalizado, tanto en lo laboral como personal, lo que supone un entorno propicio para los “ciberdelincuentes” de lucrase con sus actividades ilícitas en la Red.
Por poner esto en contexto, según el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), a través de INCIBE-CERT (Centro de Respuesta a Incidentes de Seguridad), durante el año 2020 se gestionaron 133.155 incidentes de ciberseguridad, de los cuales 106.466 iban dirigidos a los ciudadanos y empresas, 1.190 a operadores estratégicos, con el riesgos que ello supone y 25.499 a la Red Académica y de Investigación española (Fuente: www.incibe.es publicado el 23/03/2021), esto sin tener en cuenta los ciberataques que no han sido notificados a INCIBE.
Por poner algún ejemplo más reciente, a principios de este año 2021, curso marcado por la pandemia del Coronavirus, la administración pública ha sufrido ataques intencionados que han paralizado la prestación de servicios tan críticos como el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) imposibilitando a los ciudadanos acceder a sus prestaciones u ofertas de empleo.