Cumplimiento

20 puntos clave del Anteproyecto de Ley de Protección de Informantes

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Análisis y características de la ley

El 4 de marzo del 2022 el Consejo de Ministros aprobó la propuesta del Ministerio de Justicia del “Anteproyecto de Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción por la que se transpone la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión”, más conocida como Directiva Whistleblowing.

El plazo para llevar a cabo la trasposición acabó el pasado 17 de diciembre, y de los 27 países miembros solo Suecia, Malta y Portugal llegaron a tiempo. Por esa razón, la Comisión Europea abrió un procedimiento de infracción a España y el resto de 23 países.

La nueva ley (en puridad, el anteproyecto de ley), que traspone a la legislación nacional le directiva Whistleblowing, se estructura en 68 artículos, tres disposiciones adicionales, cuatro disposiciones transitorias y ocho disposiciones finales. Sin embargo, este anteproyecto todavía debe ser sometido a la tramitación parlamentaria antes de su aprobación final y posterior publicación en el BOE. El texto del Anteproyecto de Ley podría sufrir modificaciones relevantes, por lo que lo expuesto a continuación puede variaren aspectos relevantes una vez esté publicada la Ley definitiva.

Tras su publicación, aún tardará 20 días en entrar en vigor y las empresas de más de 250 empleados dispondrán de 3 meses para poder implantar un canal de denuncias y las compañías de menos de 249 trabajadores podrían trasladar ese plazo al 1 de enero de 2023.

Desde el equipo de GlobalSuite Solutions hemos analizado en profundidad el texto para responder a los aspectos esenciales y más importantes de cara a una mejor comprensión de sus apartados.

Las claves de la trasposición de la directiva «Whistleblowing»

La ley tiene como objetivo la protección adecuada frente a las represalias que pueden sufrir las personas que informen sobre determinadas infracciones dentro de su ámbito laboral a través de los procedimientos de comunicación que están previstos en en el anteproyecto de ley.

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La ley dice que todos los canales internos de información que haya en una entidad deben estar integrados dentro del sistema interno de información que gestione el externo.

Los canales internos deben permitir realizar comunicaciones por escrito o verbalmente o de las dos formas. Si es por escrito puede ser a través de correo postal o de cualquier otro medio electrónico habilitado. También verbalmente, por vía telefónica o a través de un sistema de mensajería de voz.

También se permite una reunión presencial. Y en estos últimos casos se puede advertir al informante que la comunicación será grabada y se le informará de tratamiento de sus datos.

Las comunicaciones verbales deberán documentarse o bien por una grabación de la conversación en un formato seguro duradero y accesible, o bien a través de una transcripción completa de la conversación ofreciendo la oportunidad al informante le comprobar y rectificar esa transcripción y ser firmada.

Muy importante: los canales internos deberán permitir la presentación y tramitación de comunicaciones anónimas. La ruptura del anonimato puede resultar una infracción muy grave.

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La ley establece que, si se trata de un grupo de empresas conforme al artículo 42 del código de Comercio, la sociedad dominante podría aprobar una política general relativa al sistema interno de información y aplicaría a todas las entidades que integran el grupo.

El responsable del sistema y el sistema interno podría ser uno para todo el grupo o uno para cada sociedad integrante del mismo. Todo ello se reflejaría en la política.

Además, la ley prevé que se puede intercambiar información entre los diferentes responsables del sistema del grupo si los hay con motivo de una mejor coordinación y desempeño de funciones.

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Las entidades tendrán que informar de forma clara y accesible sobre el uso de los canales internos de información implantados, así como de los principios del procedimiento de gestión. Si se tiene página web, la información deberá constar en la página de inicio en una sección separada y fácilmente identificable.

¿Por dónde empezar?

La nueva ley va a implicar el establecimiento de dos sistemas de información que puedan garantizar la confidencialidad del informador o denunciante. Uno externo que estará gestionado por la Autoridad Independiente de Protección del Informante, y otro canal interno que esté instaurado dentro de las organizaciones. Un canal interno, implantado con un software de canal de denuncias como el que ofrece GlobalSuite Solutions, proporciona un proceso anónimo, 100% confidencial, sencillo de usar y con los estándares de seguridad necesarios. Además, permite escoger cómo gestionarlo, si es de forma interna dentro de tu organización o un servicio externo adaptado a tus necesidades. Una herramienta de estas características es la mejor manera de adecuar tu compañía al cumplimiento de la nueva ley y demostrar que tu empresa trabaja con total transparencia de cara a tus empleados, clientes y proveedores.

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